
Comunicado de Prensa
3 diciembre, 2025
Cena de fin de año
20 diciembre, 2025Las y los magistrados y funcionarios conservan, al momento de jubilarse, derechos inalienables que deben ser respetados, garantizados y promovidos.
El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires mantiene una política activa y pública orientada a la tutela de los derechos de quienes siguen siendo nuestros colegas y que, en muchos casos, desempeñaron roles destacados en la vida asociativa. Muchas veces debieron afrontar la responsabilidad de defender las condiciones de trabajo y los ingresos de las y los representados, con mayor o menor éxito, pero siempre con compromiso institucional.
La movilidad jubilatoria debe ser considerada y respetada al diseñar soluciones para el acuciante problema del retraso salarial, la pérdida del poder adquisitivo y la asimetría con otras jurisdicciones que afecta a la judicatura y al funcionariado de la Provincia de Buenos Aires. Nuestra provincia reúne simultáneamente los índices más elevados de conflictividad, número de vacantes, órganos incompletos y los salarios más retrasados respecto de las jurisdicciones vecinas. Estos problemas se agravan aún más para quienes se jubilan, cuando se pretende que las medidas paliativas no los alcancen.
Se continuará trabajando con la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y ante los organismos competentes, con el objetivo de garantizar la inclusión de todos los asociados y asociadas para asegurar que los aumentos o recomposiciones otorgados a los activos incluyan también a los pasivos. En ese mismo sentido, se formó una Mesa de Enlace para mantener un diálogo fluido con todos los actores vinculados con el tema.
El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires sostiene, desde hace más de 60 años, una política basada en el diálogo con todas las instituciones y la escucha activa de iniciativas y propuestas valiosas. Es nuestra responsabilidad representar a la enorme mayoría de las y los funcionarios y magistrados, defender sus derechos y condiciones de trabajo, y contribuir al fortalecimiento de la independencia judicial.

